2.1. 1949-1953, la reflexión

En 1949 se puso en marcha el I Plan Nacional de Vivienda, redactado por José Antonio Girón. La anunciada «revolución de las casas baratas» se confió a un sinnúmero de entidades oficiales. En 1939 se habían creado la Obra Sindical del Hogar (OSH) (7) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), cuyas ordenanzas eran de aplicación en la OSH. Aparte estaban el Patronato de Casas Militares, el Patronato de Funcionarios, los ayuntamientos, las diputaciones... a los que había que sumar la iglesia católica y entidades afines. La fragmentación de la gestión no era el único escollo al que se enfrentaba el Plan Girón. También estaba la escasez de materiales de construcción, que había obligado al estado a intervenir el sector para garantizar los mínimos necesarios para sus actuaciones prioritarias; y la persistencia de las técnicas artesanales (a finales de los años 1940 las estructuras seguían ejecutándose con muros de carga).

Ante tamañas dificultades, no es de extrañar que el Plan Girón no despertase expectativas entre los arquitectos. Conscientes de su inviabilidad, optaron por centrarse en la reflexión teórica, una tarea no menos apremiante. Desde la llegada del régimen al poder, el debate en torno a la vivienda social se había producido de manera esporádica y no sistemática. Ello había generado un desencuentro entre necesidades y propuestas que dio lugar a que muchas de las promovidas, algunas de ellas de 200 m² de superficie, no fueran aptas para ser alquiladas, y mucho menos vendidas, a las clases que las necesitaban.

El texto que abrió la etapa de reflexión, en 1949, fue el «Estudio sobre la vivienda económica en España», presentado a la V Asamblea Nacional de Arquitectos por Ricardo Bastida y Emiliano Amann en nombre del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Esta ponencia proponía un plan de vivienda para la provincia de Vizcaya pero, tal como expone Ana Azpiri (8), acabó transcendiendo con creces ese ámbito geográfico. Teniendo en cuenta el contexto histórico en que se insertaba, llama la atención la racionalidad que condujo esta investigación: una serie de plantas-tipo soportadas por un exhaustivo análisis de necesidades, costes, superficies, funcionalidades, tipologías y sistemas constructivos. Dependiendo del salario del futuro inquilino y del número de componentes familiares, la propuesta aconsejaba superficies máximas que oscilaban entre los 40 m² para uno o dos ocupantes sin descendientes y los 65 m² para una pareja con cuatro o cinco hijos. Las plantas se optimizaban espacialmente con estrategias como la supresión de pasillos o la fusión de cocina, estar y comedor en una misma estancia (Figura 1).

Figura 1. V Asamblea Nacional de Arquitectos (1949): propuestas del Colegio Vasco-Navarro y del Colegio de Madrid, esta última de Miguel Fisac (4).

La ponencia de Bastida y Amann sentó las bases del debate sobre vivienda social en España. Tres años después de su presentación, en la VI Asamblea Nacional de Arquitectos, Miguel Fisac tomó el testigo con un primer estudio general sobre superficies. Su propuesta era: 30 m² para familias con un hijo, 36 m² para familias con dos a cuatro hijos y 40 m² para familias con cinco o seis hijos. Ello suponía una significativa reducción de estándares con respecto a la proposición vasco-navarra, un hecho que ponía de manifiesto que la maximización de superficies era prioritaria frente a cuestiones como la funcionalidad o la tecnología. La urgencia de la realidad nacional así lo aconsejaba. Para que esta reducción no pusiera en crisis los requisitos mínimos de habitabilidad, Fisac insistía en los presupuestos ya formulados por Bastida y Amann: por un lado agrupar estar, comedor y cocina en una misma sala; por otro suprimir pasillos y vestíbulos.

Estas propuestas cayeron en saco roto. Desgraciadamente, el laboratorio de ideas que acababan de inaugurar no llamó la atención de la administración franquista, para la que el tema de la vivienda popular tan solo era una estrategia para reciclar a las masas campesinas, reducir el desempleo y dinamizar la actividad empresarial. De esta desconexión práctica-teoría daban buena nota dos cuestiones: la de la escala y la de la tipología. Por lo que se refiere a la primera, la mayoría de actuaciones llevadas a cabo entre 1949 y 1953 se caracterizó por la pequeña dimensión, lo que ponía en evidencia un incorrecto enjuiciamiento del problema. Traducido a los términos definidos por el III Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), celebrado en Bruselas en 1930, podríamos asociarlas al concepto de «casa baja»[2]. Cuando se optaba por el bloque, éste no solía superar las cuatro plantas, normalmente adosado a otros para conformar manzanas cerradas en torno a patios, el modelo recomendado por Pedro Bidagor en sus planes urbanísticos. Por último, los bloques eran de doble crujía, un esquema derivado de disponer tres muros de carga en paralelo.

2.2. 1954-1956, la experimentación

En 1953 se cerró una etapa: la de la falta de conciencia sobre el problema de la vivienda social. Ese mismo año se firmó el «Pacto Americano», un acuerdo entre Franco y Eisenhower que comprometía ayuda económica estadounidense a cambio del uso de las bases aéreas de Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón. Concluía el aislamiento internacional de España, que en 1955 era admitida en la ONU. Estas circunstancias dieron paso a una nueva fase económica que se caracterizaría por la apuesta por la industrialización, lo que indujo, en la cuestión que nos ocupa, la modernización de paradigmas teóricos y procesos constructivos. Tal como defiende Carlos Sambricio: «1954 supone un singular punto de inflexión en la valoración de la vivienda social en los años de la reconstrucción. Asumiendo la idea de «los momentos cortos» en pocos años acontecen cambios sobre la forma de entender y valorar qué debe ser la vivienda social» (9).

Efectivamente, en 1954 el proceso de construcción se aceleró como resultado del crecimiento económico y la definitiva toma de conciencia del régimen. Testimonio de ello fue la aprobación, en 15 días, de dos planes nacionales de vivienda. El 14 de mayo de 1954 entró en vigor el Plan de Vivienda de Tipo Social, que encargaba al INV construir 10.000 unidades. Para las denominadas como «tipo social» prescribía una superficie de 42 m², y un equipamiento de cocina-comedor-estar y tres dormitorios. Todo ello con un presupuesto de 25.000 pesetas, cifra realmente ajustada si tenemos en cuenta que en aquel momento el coste medio de una vivienda de características similares era de 90.000 pesetas. El 29 de mayo apareció el Plan Sindical de la Vivienda Francisco Franco, encargado a la OSH.

El régimen era consciente de que una de las rémoras para la ejecución de estos planes era la fragmentación administrativa, por lo que centralizó la construcción de viviendas en el INV. En 1954, Luis Valero Bermejo fue nombrado Director General del mismo y, por ende, Jefe Nacional de la OSH. A pesar de la potenciación del INV, esta última no perdió protagonismo, convirtiéndose en su brazo ejecutor. El sustancial aumento de recursos que se vio obligada a gestionar provocó su reestructuración. Francisco de Asís Cabrero fue designado arquitecto jefe de la organización, a la que imprimió un cambio de rumbo orientado a acabar con el oficialismo y la burocracia.

Otro de los problemas que el gobierno abordó fue el de las regulaciones legales, que habían demostrado su inadecuación a las necesidades y disponibilidades de la administración. En julio de 1954 se aprobó la Ley de Vivienda de Renta Limitada, que pretendía corregir los desajustes provocados por sus predecesoras, la Ley de Viviendas Protegidas (1939) y la Ley de Viviendas Bonificables, ambas derogadas. La nueva ley permanecería en vigor hasta mediados de la década de 1960, por lo que su impacto en la definición de los polígonos residenciales fue enorme: estableció los instrumentos necesarios para materializarlos, fijó los procedimientos para acceder a los todavía escasos materiales de construcción, reguló los créditos bancarios y definió incentivos fiscales para atraer a la iniciativa privada (hasta entonces poco interesada en el tema).

Estos cambios legislativos recogieron y oficializaron las reflexiones que se habían producido en la etapa 1949-1953, inicialmente desatendidas por el régimen. Clave para ello fue la publicación, en 1955, de un texto legal complementario a la Ley de Vivienda de Renta Limitada: el Reglamento de Renta Limitada, que venía a sustituir a las amplísimas y rígidas ordenanzas del INV. Si bien su función era establecer prescripciones técnicas y constructivas, varios de sus artículos tenían un marcado carácter arquitectónico. En ellos se aludía a conceptos como «normalización» o «planta tipo», se planteaban cuestiones referentes a costes y superficies… en definitiva, se asociaba la vivienda social a la denominada «vivienda funcional» moderna.

Para afrontar el reto de construir viviendas dignas con superficies y presupuestos mínimos, José Fonseca, arquitecto coordinador del INV, redactó unas rigurosas Ordenanzas Técnicas y Normas Constructivas que llevaban al límite el concepto de «mínimo existencial»: salones de 14 m², dormitorios de 6 m², cocinas de entre 4 y 6 m² y aseos de 1 m², todo ello en el consolidado tipo de tres dormitorios y 42 m² de superficie útil. Se establecían, además, una serie de premisas: todas las habitaciones debían contar con luz y ventilación directas, los dormitorios no podían servir como zona de paso, el acceso a baños y aseos debía producirse desde vestíbulos o pasillos, etc. Por último, había prescripciones de tipo urbanístico: no construir en cascos históricos y superar la pequeña escala, desaconsejándose conjuntos de menos de veinticinco unidades. Muchas de las convenciones que habían guiado los diseños de la etapa anterior quedaban así fuera de la ley. A las ordenanzas de Fonseca se sumaron las Instrucciones Complementarias para la Redacción del Proyecto, dictadas por Cabrero para la OSH (Figura 2). En este caso se prohibían los bloques cerrados con patios interiores y se recomendaban los bloques abiertos, agrupados en U, en peine o en línea. Se mencionaba, por primera vez, la tipología que finalmente se impondría: el «bloque en H» (10).

Figura 2. OSH: plantas tipo de 47 y 44 m2(4).

Era evidente que la administración había cambiado de actitud. El INV había decidido modernizar su política de vivienda. El Pacto Americano, que incluía programas de formación de técnicos españoles, posibilitó que algunos jóvenes arquitectos acudieran a Estados Unidos para conocer las bases técnicas de su arquitectura. Esta experiencia les animó a multiplicar esfuerzos por superar la cultura artesanal e incorporar el campo de la edificación al proceso de industrialización del país. En este caso, sin embargo, Valero Bermejo no se mostró receptivo. Su visión pragmática de la realidad le llevó a desestimar esta posibilidad, convencido de que optar por cuestiones como la prefabricación implicaba prescindir de una numerosa mano de obra, lo que agravaría las ya de por sí alarmantes tasas de desempleo. El Director General del INV lo tenía claro: su apuesta por la modernización de la vivienda social se circunscribía a la racionalización de la planta y la normalización de algunos componentes constructivos, no a la industrialización del proceso. Descartada la prefabricación, las reflexiones los arquitectos se centraron en la tipificación de los componentes del edificio (puertas, ventanas, etc.) y la normalización del mobiliario.

2.3. 1957-1959, la producción

En la segunda mitad de la década de 1950, y a pesar de los esfuerzos realizados en los años anteriores, la magnitud del problema de la vivienda se hizo insostenible: el déficit se cifraba en un millón y las chabolas superaban las cuatrocientas mil. Las autoridades decidieron cambiar de estrategia, quebrando la interesante trayectoria iniciada en 1954: si en la etapa de la experimentación, la tensión entre calidad y cantidad basculó en favor de la primera, ahora la apuesta sería por la segunda. De lo que se trataba era de producir más, y ello exigía altas dosis de pragmatismo.

La meta de la productividad obligó, una vez más, a reestructurar el aparato legislativo y administrativo, una empresa que se saldó con dos hitos: la aprobación de la Ley del Suelo (1956) y la creación del Ministerio de la Vivienda (1957). La primera, que estaría en vigor hasta su modificación en 1975, indujo una revolución conceptual en el urbanismo español: la planificación del crecimiento urbano fue confiada a una concatenación de Planes Parciales asociados a áreas unitarias. Se preparaba así el terreno para los grandes polígonos de vivienda de las siguientes décadas. El Ministerio de la Vivienda, por su parte, acabaría con uno de los vicios de la política residencial española: la fragmentación administrativa. A partir de 1957 todas las gestiones se canalizarían a través de él, lo que impuso un cambio de protagonistas. Al frente del mismo fue nombrado José Luis Arrese (11), mientras que en el INV Luis Valero Bermejo, el artífice de la etapa de la experimentación, fue sustituido por Vicente Mortes.

Arrese confió la construcción de viviendas sociales a la empresa privada, una intención ya apuntada por la Ley de Vivienda de Renta Limitada de 1954 pero nunca materializada (12). El panorama ahora era diferente. El aumento de la competencia y la productividad había acabado con el tradicional desinterés de aquélla por el sector. Eso sí, los nuevos protagonistas (Urbis, Constructora Peninsular, etc.) exigían rentabilidad, y ello suponía cambiar los modelos arquitectónicos con los que se había estado experimentando hasta entonces, «casa baja» y «casa media», por otro mucho más rentable, «casa alta». El bloque en H de hasta 13 plantas de altura fue consagrado como tipología oficial de los polígonos residenciales (Figura 3). Separándolos entre sí cuarenta metros se conseguían densidades de hasta 2.000 habitantes por hectárea. Si tenemos en cuenta que la media de 4,24 viviendas por bloque de 1947 se convirtió en 40 ó 50 a finales de la década de 1950, seremos conscientes de la casi traumática mutación que experimentaron las ciudades españolas en esa etapa.

Figura 3. Polígonos madrileños de las décadas de 1960 y 1970: Moratalaz (1968) y San Blas (1973). Las plantas evidencian la zonificación funcionalista de la vivienda en áreas de día (salón y cocina) y de noche (dormitorios y baños) (4).

Así quedó perfilado el modelo de polígono que conocemos hoy en día. En el verano de 1959 el gobierno hizo público el Plan de Estabilización y Liberalización, que abría la etapa económica más floreciente del franquismo. En el campo que nos ocupa, este espacio de tiempo se correspondió con la construcción de los grandes polígonos residenciales. En 1961 se aprobó un nuevo Plan Nacional de la Vivienda que pretendía construir más de 3.700.000 unidades habitacionales en el periodo 1961-1976. Sus prescripciones dejaban claro que el precepto de la calidad había sido definitivamente suplantado por el de la cantidad. Los polígonos de los años 1960 se materializarían como operaciones gigantescas (300 hectáreas de media), situadas en los extrarradios, sin responder a ningún modelo de ciudad (de una tajada se proyectaban, urbanizaban y edificaban), y con precariedad de equipamientos escolares, comerciales, recreativos y de zonas verdes, equipamientos que, aunque prescritos por la Ley del Suelo, se relegaban a etapas posteriores que nunca llegaron.

3.1. Dimensión de las viviendas

En esta cuestión entran en liza tres parámetros: la superficie de las viviendas, el número de personas que la habitan y el número de estancias. Por lo que respecta al primero, hemos visto que la reducción de superficies fue un vector constante durante el franquismo. En la etapa de reflexión, Miguel Fisac llegó a proponer unidades de 40 m² para ocho personas, lo que suponía una media de 5 m² de superficie útil por habitante. El Plan de Viviendas de Tipo Social (1954) estableció un estándar que recogerían muchas otras normativas: 42 m² para una vivienda de tres dormitorios, es decir, unos 7 m² por habitante. Posteriormente, el Plan Nacional de la Vivienda de 1961 elevaría esa superficie a 50 m², 8,3 m² por habitante, pero es de reseñar que nunca se alcanzaron los 10 m² por habitante fijados como «mínimo existencial» en la Alemania de entreguerras.

El segundo y tercer parámetros, número de personas y estancias, están interrelacionados. Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 1958, el porcentaje de habitantes por vivienda era entonces de 4,51. No existen datos sobre el caso concreto de las sociales, pero es de suponer que era bastante más elevado, dado que estaban mayoritariamente habitadas por matrimonios en edad de procrear. La media de cuatro hijos por familia explica que el tipo más extendido fuera el de tres dormitorios. Así lo prescribió el Plan de Viviendas de Tipo Social de 1954 y el Plan Nacional de Vivienda de 1955. El Plan de 1961 llegaría a otorgarle «prioridad absoluta», aludiendo a la excepcionalidad de las viviendas de dos, cuatro o cinco dormitorios (las de uno ni se mencionaban).

Según el estudio de Montaner y Muxí (14), en la contemporaneidad la superficie media y el número de habitantes por vivienda han disminuido. El mayor crecimiento se ha producido en los hogares unipersonales, básicamente porque los jóvenes han cambiado sus pautas de emancipación y se ha incrementado la autonomía residencial de los mayores. También se han disparado las parejas sin hijos que cuentan con dos ingresos. El resultado es que, actualmente, el 20 % de los hogares españoles son unipersonales, el 25 % está formado por dos personas, y los de tres y cuatro miembros suponen el 21 % cada uno (a partir de ahí, la proporción cae radicalmente: 7,7 % de hogares de cinco y 2,5 % de seis). En conclusión, las necesidades actuales apuntan hacia viviendas de uno y dos dormitorios.

3.2. Funcionalidad de las viviendas

Desde el punto de vista de la funcionalidad, dos son los factores que ab undan en la crisis tipológica que nos ocupa: la jerarquización y la monofuncionalidad.

El modelo familiar franquista era muy estable. La sociedad estaba regida por los preceptos del nacional-catolicismo, que prohibían el divorcio y condenaban cualquier tipo de convivencia alternativo a la familia tradicional. La vocación de permanencia de esta última se proyectaba sobre las plantas de las viviendas. Los dormitorios estaban jerarquizados: el de mayor superficie para la pareja, los pequeños para los hijos. Cuando se trataba de viviendas de más alto nivel, esa jerarquía se reforzaba dotando al dormitorio de matrimonio de armario empotrado o baño privado.

Tal como señalan Montaner y Muxí, en la contemporaneidad la composición de los hogares se modifica a menudo y de manera brusca, debido a volatilidad de las relaciones interpersonales. La vivienda ha de adaptarse a esta condición existencial, lo que traslada al proyecto arquitectónico una máxima: la flexibilidad. Las jerarquías han de reducirse al mínimo: los dormitorios deben ser de tamaño semejante, los baños de uso no exclusivo y los armarios empotrados abrir hacia espacios comunes.

La monofuncionalidad, por su parte, respondía a los preceptos de la arquitectura moderna, que fueron trasladados a los polígonos por los reglamentos, instrucciones y ordenanzas de la Ley de Vivienda de Renta Limitada de 1954. La presunción del uso exclusivamente residencial de la vivienda permitía dividirla en zonas de día (salón y cocina, orientados a poniente y asociados a la entrada) y de noche (dormitorios y baños, orientados a levante y relegados a la parte más privada de la casa).

La creciente importancia del teletrabajo y el aumento de los profesionales que desarrollan sus labores desde casa son incompatibles con la monofuncionalidad residencial, obligando a prever espacios de producción que puedan funcionar de manera segregada del resto de la vivienda, espacios dotados de baño y recibidor, e independientes de las estancias privadas (Figura 4).

Figura 4. Ejemplos de flexibilidad e hibridación de usos en la vivienda contemporánea. En la planta de la izquierda (viviendas en Rabassa, de L. F. Herrero, M. Pérez y C. Calle) las jerarquías han sido anuladas: los dormitorios son de similar dimensión, y armarios y baños abren a espacios comunes. En la planta de la derecha (viviendas en Mataró, de Durán & Grau Arquitectes), una potencial habitación de trabajo ha sido segregada de las estancias de uso doméstico y vinculada al recibidor (14).

3.3. Cambios culturales y de forma de vida

Los polígonos residenciales fueron diseñados para una sociedad de masas: unidades familiares compuestas por progenitores en edad madura; que compartían nacionalidad, raza, religión y cultura; y donde el hombre trabajaba en la industria o la construcción, y la mujer en las tareas domésticas. Su imagen urbana reflejaba especularmente esta homogeneidad: interminables sucesiones de bloques funcionalmente organizados, dimensionalmente modulados, estéticamente estandarizados y heliotérmicamente orientados, bloques que albergaban ultratipificadas viviendas cuyas variaciones se limitaban a la superficie y el número de dormitorios.

Los «estudios culturales», una rama del pensamiento crítico que aboga por analizar los procesos de producción de cultura de las clases subalternas, han denunciado que tras la aplastante uniformidad físico-espacial de actuaciones de este tipo se esconden estrategias de segregación que priman el papel del hombre occidental y de edad madura, relegando o excluyendo a mujeres, inmigrantes, jóvenes, ancianos, etc[3]. Este postulado nos ha servido para analizar la vertiente cualitativa de los desencuentros polígonos-sociedad contemporánea, la que tiene que ver con cambios de valores y de formas de vida.

La primera cuestión que hemos abordado desde este punto de vista ha sido la del género. Los polígonos construidos durante el franquismo fueron proyectados para familias patriarcales, dependientes del único salario del padre y tuteladas por la madre. Aunque la vivienda era el «espacio de la mujer» y el espacio público el del hombre, esta identificación no estaba orientaba a su realización personal, sino a posibilitar su rol como gestora de la cotidianeidad familiar. En una sociedad abrumadoramente machista, la estancia femenina por excelencia era la cocina, que era convenientemente segregada del resto de la vivienda y reducida a la mínima expresión (como vimos, las Ordenanzas Técnicas y Normas Constructivas del INV le prescribían una superficie de 4 a 6 m², dependiendo de que contaran o no con lavadero). Por el contrario, Montaner y Muxí defienden que, para incitar a compartir el trabajo en la cocina, su dimensión ha de ser generosa y se debe favorecer su visibilidad, integrándola en el comedor o el salón.

Otro de los temas analizados desde la óptica de los estudios culturales ha sido la diversidad étnica, nacional y religiosa. Si tenemos en cuenta que el 77,11 % del crecimiento demográfico español entre 2001 y 2007 se debió a la llegada de población extranjera, y que este sector es uno de los principales demandantes de viviendas sociales, concluiremos que también en la investigación que nos ocupa deba ocupar un lugar preferente. Las diseñadas por los arquitectos del Movimiento Moderno obedecían a criterios eminentemente funcionalistas. Ello plantea un problema cuando son ocupadas por personas provenientes de culturas no occidentales, para las que cuestiones de tipo simbólico-religioso pueden ser sumamente importantes. Un ejemplo de ello es la comunidad musulmana. En Holanda se ha ensayado la división de la vivienda en zonas masculinas y femeninas, lo que permite un uso normalizado del espacio doméstico en momentos de visita de personas ajenas al ámbito familiar (Figura 5).

Figura 5. Políticas de género y adaptación cultural en la vivienda contemporánea. En la planta de la izquierda (viviendas en Barcelona, de C. Ferrater), la cocina ha sido integrada en el salón (14). La planta de la derecha (viviendas en La Haya, de A. Siza), ha sido subdividida en dos mitades susceptibles de ser utilizadas como espacios de género. (A+U (1989), Alvaro Siza 1954-1988, Tokio, A+U Publishing).

Por último, el tercer factor de exclusión apuntado por los estudios culturales que consideramos importante para nuestra investigación, es la edad. En este caso, los grupos humanos tradicionalmente segregados se sitúan en los dos extremos vitales: ancianos y jóvenes. Ambos son sumamente importantes para la recuperación de los polígonos. Los primeros porque son su presente, ya que la generación que se trasladó a ellos en los años 1960 y 1970 cuenta actualmente con una edad avanzada. Los jóvenes porque son su futuro, un nicho de mercado que se ha disparado en las últimas décadas por múltiples razones: una más temprana emancipación familiar, aumento de la movilidad geográfica por trabajo o estudios, etc. La adaptación de las viviendas de los polígonos a los requisitos de estos grupos poblacionales tiene una innegable componente cuantitativa: resolver los problemas de movilidad es clave para los ancianos; la flexibilidad (para poder compartir la vivienda) y la hibridación de usos (para poder trabajar en ella) son esenciales para los jóvenes. Pero también existen necesidades de tipo cualitativo derivadas de su singular forma de vida, muy tendente al colectivismo: salones de encuentro, servicios comunitarios, espacios de ocio, áreas de co-working, zonas deportivas, etc. (Figura 6).

Figura 6. Reconversión de las zonas comunes de un bloque en H en espacios colectivos. Concurso UN-Hábitat para la revitalización de conjuntos de viviendas sociales: Propuesta para el barrio de Orba, Valencia, de M. T. García y G. Navarrete. (http://masshousingcompetition.org/results/entry/578).