La contienda que tuvo lugar en la España del año 1936, así como el periodo que se abrió paso después de la finalización de la misma en 1939, han sido abordados desde innumerables puntos de vista; históricos (Preston) (1), económicos (Ros Hombravella) (2), incluso desde el séptimo arte (Amenábar) (3), entre otros. Finalizada la guerra, y a consecuencia de la victoria del ejército franquista, empezó el periodo de la dictadura que finalizó en 1975. Este periodo de casi 40 años, es comúnmente dividido en todos los referentes bibliográficos en dos partes. La primera, que abarcó desde el final de la contienda hasta 1959, año en que se promulgó el Plan de Estabilización (4), comúnmente conocida como primer franquismo, fue una época autárquica y paupérrima para la nación. La segunda, por el contrario, vendrá caracterizada por un importante crecimiento económico así como de una cierta apertura del régimen. El periodo que nos ocupa, estuvo marcado por la política de un Estado que intenta bastarse con sus propios recursos (5), reflejando muy bien la realidad de una España totalmente aislada del exterior, con escasez de recursos y con la tarea urgente de la reconstrucción nacional.

“En la construcción de pisos se procurará igualmente la máxima economía de hierro, sustituyéndolo con procedimientos a base de hormigón armado del mínimo porcentaje de armaduras y de preferencias en elementos moldeados en taller o que requieren poco encofrado […]” (6).

Parte de la contienda estuvo localizada en zonas con abundantes centros extractivos y productivos dentro del territorio nacional. La destrucción (total o parcial) de los mismos, sumió al país en una importante carestía de material férrico. La información consultada de la época afirmaba que en la España de principios de siglo XX las posibilidades férricas se podía sistematizar en: “cuatro zonas de concentraciones férricas con minerales de buena ley, para su beneficio siderúrgico en sus actuales medios de fabricación: la Cantábrica, principalmente la de los criaderos de Vizcaya y Santander; la Levantina-Mediterránea, de la Sierra Menera; la Sur-Mediterránea, de Granada a Almería y la Leonesa, que comprende el coto Wágner” (7).

Más amplia es, sin duda, la referencia que extraemos del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) (Figura 1) que nos proporciona información mucho más detallada de la situación geológico-minera de la península. En este punto se cree interesante graficar la producción minera española de hierro, acero y lingote de hierro para poder constatar el efecto que la contienda tuvo en las mismas (Figuras 2-3).

Los valores tabulados indican que la producción distaba mucho de la obtenida a finales de la década de los años veinte, que llegó al millón de toneladas de acero. La situación se agravaría más si añadimos la destrucción de gran parte de las infraestructuras de estas regiones. Este hecho empeoró la distribución ya que se pasaría a priorizar el transporte marítimo que permitía el abastecimiento de cereales básicos para la población.

“Las consignas recibidas por la superioridad fueron bien terminantes, en cuanto dar una preferencia absoluta a cuanto pudiera mejorar el rendimiento de los transportes marítimos, enteramente dedicados a la importación de cereales, aún con prejuicio de los transportes ferroviarios y de las actividades siderúrgicas, cuya producción ya entonces preocupaba en extremo” (2).

“Al final de la Guerra de Liberación, la economía española, tuvo que enfrentarse con el problema de su reconstrucción, que se veía retardada, en aquellos momentos, por la insuficiencia de los recursos y los bajos niveles de renta y ahorro, agravados por el desequilibrio de la capacidad productiva como consecuencia de la contienda” (10).

Como decíamos, a consecuencia de los estragos producidos por la contienda en el sector industrial, el suministro de materiales para la construcción, y para la propia industria manufacturera, se vio seriamente afectado; entre ellos destacó el hierro y sus derivados. Esta escasez de material dificultaba la reconstrucción nacional provocando que el régimen se viese obligado a limitar, incluso a restringir, su uso dejándolo casi exclusivamente para el llamado interés nacional.

La política económica autárquica que el régimen llevó a cabo significó una fijación de precios y salarios, una limitación de las importaciones, la nacionalización de algunas empresas así como restricciones de capitales extranjeros, entre otras actuaciones. En el ámbito constructivo se planteó un grave problema; ¿cómo llevar a cabo esta reconstrucción partiendo del agravante de la escasez de materiales, como fuere el férrico y sus derivados, encontrándose el país por un lado con insuficientes recursos y, por otro, con la imposibilidad de poderlo importar? Ante este dilema se acabó optando por el empleo de este preciado material sólo para el interés nacional. Curiosamente el régimen argüía básicamente a la situación anormal de la economía internacional (11). Estas anormalidades provocaron que se viese obligado a fijar unas pautas que restringiesen el uso del material férrico en la construcción con el claro objetivo de ahorro del mismo. Será precisamente en este contexto donde vio la luz la normativa de 1941 que bajo el título ya explícito de Restricciones del hierro en la edificación prescribiría al técnico un conjunto de normas, de obligado cumplimiento, para conseguir el deseado ahorro de material. La normativa fue publicada en marzo de 1941 en el BOE correspondiente para, definitivamente, en julio del mismo año presentarla plenamente desarrollada.

“Las normas técnicas establecidas en este Reglamento, para regular el empleo del hierro en las construcciones, constituyen un conjunto de preceptos de inexcusable observancia y exacta aplicación en todas las edificaciones [...] que se realicen en cualquier lugar del territorio nacional” (12).

Cabe citar que, a pesar de todo, el régimen era optimista augurando una nueva producción de material férrico que viniese a poner fin a la época de carestía, “a compás de la actual demanda, favorecida por el viento de orden y de prosperidad que nuestro gobierno ha sabido traer hacia España, es evidente que de existir los necesarios medios, la producción española podría alcanzar por lo menos el nivel máximo logrado en 1929, cuando al amparo de otro gobierno ejemplar (la culminación de la Dictadura) la producción española coronó el millón de toneladas de acero” (13).

Pero la realidad era otra y tales premoniciones tardarían en cumplirse ya que esta situación duraría hasta principios de la década de los años cincuenta cuando empezaría a revertir aunque muy tímidamente. La dificultad de la importación de materias y máquinas, junto con constantes interrupciones de electricidad se tradujo en un lento crecimiento de la industria. Será durante este periodo inicial del nuevo régimen cuando surgieron dos instituciones que ya en su génesis abogaban por la reconstrucción nacional; la Dirección General de Arquitectura (14) y el Instituto Nacional de Industria (15), comúnmente conocido como INI. La primera, nacía en 1939 con la voluntad de “reunir y ordenar todas las diversas manifestaciones profesionales de la Arquitectura en una Dirección al servicio de los fines públicos” (14). En setiembre de 1941, con el objetivo de “propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica […]” (15), se fundó el INI. Su finalidad era clara: “surge, pues, la necesidad de un organismo que, dotado de capacidad económica y personalidad jurídica, pueda dar forma y realización a los grandes programas de resurgimiento industrial de nuestra Nación, que, estimulando a la industria particular, propulsen la creación de nuevas fuentes de producción y la ampliación de las existentes, creando por sí las que el interés de la defensa nacional o de los imperativos de nuestra economía exijan” (15).

A esta delicada situación económica y de aislamiento cabe añadir la no admisión en las Naciones Unidas así como la exclusión del Plan Marshall en 1948. Se hace notar que, previamente, en 1938, fue creado el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR). De él habían de surgir las orientaciones fundamentales así como las normas eficientes para conseguir la rápida restauración del patrimonio español dañado por la guerra (16). Fue éste un organismo surgido de la ley de la nueva Administración Central del Estado (17). Su finalidad principal radicaría por tanto en la dirección de los proyectos de reconstrucción de infraestructuras y viviendas que, consecuencia de la guerra civil, habían resultado afectadas. En agosto de 1939 sus funciones pasarán a la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (DGRDR) dependiendo del Ministerio de la Gobernación.

Las referencias a las restricciones del hierro empezarían a multiplicarse por doquier. En Barcelona, se llegaría a crear una delegación fiscal provincial para dicha finalidad (Figura 4).

Del archivo del arquitecto D. Eusebi Bona (1890-1972), sito en el fondo antiguo del Colegio de Arquitectos de Barcelona -C.O.A.C., obtenemos una carta fechada en 1943 dirigida al Jefe del Sindicato Provincial de la Construcción. En ella, la sociedad constructora, con la finalidad de pedir material férrico, calcula la cantidad necesaria de hierro para las armaduras de hormigón, con esperanza que “a mayor brevedad posible y a fin de no tener que paralizar los trabajos se nos pueda facilitar todo o parte del acero redondo previamente detallado” (Figuras 5 y 6). Las restricciones abarcaban incluso el armado del hormigón.

Muy Sr. nuestro:

Entre las diferentes obras que esta sociedad tiene en construcción, figuran tres casas y un edificio industrial y vivienda particular en las cuales estamos empleando, siguiendo el pliego de condiciones, el hormigón armado, y como hemos terminado nuestras existencias de acero redondo, nos permitimos indicarle a continuación las cantidades necesarias por si fuera posible que a esta empresa encuadrada en el Sub-Grupo de albañilería de este Sindicato, le fuera adjudicada alguna cantidad de acero redondo de los cupos intervenidos por el Sindicato Nacional de la Construcción.

La normativa que nos ocupa, no siempre fue cumplida con escrupuloso rigor, sea por las ambigüedades que en ella se encontraban, por aspectos que no quedaban claros e incluso por las restricciones que pesaban en el empleo del material férrico cuando la industria correspondiente comenzaba lentamente a recuperarse. Al respecto se presenta parte de la memoria de cálculo de la citada Tribuna para el Campo de Les Corts (25). En el apartado de las hipótesis de cálculo y, hablando de las acciones sobre la edificación, Don Eduardo Torroja hace un apunte donde cita, tres normativas; la actual de 1941, la de 1930 para referir la acción de la nieve y las normas alemanas de 1934 para el cálculo de la acción del viento.

“Como cargas se han considerado además de la de los pesos propios, una sobrecarga de nieve […] con arreglo a la Instrucción para Estructuras Metálicas, aprobada por el Ministerio de Obras Públicas de 17 de Abril de 1930 […]. Para las hipótesis del viento, se ha aplicado el proyecto de Normas alemanas para empujes de viento en estructuras, de 1934. […]. Como sobrecarga por metro cuadrado […], de acuerdo con las Normas de la Dirección General de Arquitectura de 11 de Marzo de 1941” (25).

La derogación definitiva de la normativa vendrá a consecuencia del Desarrollismo, fruto de la nueva época que empieza en la década de los años sesenta - dando así por finalizada la etapa tildada de primer franquismo. Con el objetivo de cumplir los requisitos que el régimen se impondría, no tenía sentido continuar con una normativa restrictiva. El Decreto 845/1960, por el que se deroga el de 11 de marzo de 1941, que establecía restricciones en el uso del hierro en la edificación (31), pondrá fin a la normativa, casi veinte años después.

“La insuficiencia que en los suministros de hierro se dejó sentir en los comienzos de la reconstrucción nacional […], habiendo variado desde entonces las condiciones de abastecimiento del mercado en dicho producto, debido al considerable auge adquirido por la industria siderúrgica nacional [...], se considera que deben quedar asimismo suprimidas aquellas limitaciones que aun pudieran existir en el consumo de estos productos y cuya subsistencia resulta innecesaria por las causas expuestas” (31).

Encontramos diversas normativas de obligado cumplimiento en el Estado Español en el siglo XX. Desde las de principios de siglo hasta los Eurocódigos, cada una de ellas ha aportado características concretas y específicas que han sustituido o añadido puntos a las anteriores. Una de ellas, objeto del presente estudio, destaca por el enfoque que tuvo. Fue la normativa de 1941, conocida por las restricciones que prescribía respecto al uso del hierro en la edificación. Como hemos visto, su génesis fue durante el periodo de la posguerra, el llamado primer franquismo, donde la nación se recuperaba de la devastación sufrida por la contienda que había sumido al país en un paisaje de desolación, muerte y destrucción. Este hecho influyó fundamentalmente en su redacción y en sus distintos apartados. La normativa, aprobada en julio de 1941, pasaría a restringir el uso del material férrico, de escasa presencia, destinándolo principalmente para las industrias consideradas de interés nacional. Consecuencia de este hecho, el empleo de otros materiales como el hormigón o la obra de fábrica, así como la aportación de soluciones constructivas que minimizasen o excluyen este material férrico, será una constante en las diversas obras que se irán proyectando tal y como las distintas tipologías constructivas, así como las diferentes memorias de cálculo, nos lo han corroborado.

La normativa tuvo una vigencia de casi veinte años. A pesar de ello, y de la importancia específica que tuvo, pocas veces es referenciada en las relaciones normativas del siglo XX, quedando escondida entre las precedentes y las posteriores, haciendo de ella una norma olvidada. Ahora, pasados ochenta años de su publicación, se ha creído a bien rememorarla.